RELACIÓN LABORAL ESPECIAL DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

El Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, (BOE 17 de noviembre) por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que será de aplicación a partir del 1 de enero  de 2012, acomete una actualización de la relación laboral cuya anterior regulación, de 1985, había quedado obsoleta.

Se mantiene, sin embargo, el carácter de relación laboral  especial por cuanto presenta singularidades tales como la prestación en el propio hogar familiar o la especial relación de confianza que ha de mantenerse, al tiempo que elimina o reduce otras que ya no tienen razón de ser: El presente RD 1620/2011, de 14 de noviembre tiende a una progresiva equiparación con la relación laboral común.

Esta modificación, en paralelo con la incorporada  en materia de cotizaciones por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, completa un nuevo marco de las relaciones laborales del denominado servicio doméstico.

Se articula en cuatro capítulos. El primero de ellos está referido al objeto y ámbito de aplicación, y se incluye una mejor definición de las partes de la relación laboral especial.

El Capítulo II regula el contrato de trabajo y, como novedad destacable permite, junto con la contratación directa, la utilización de agencias de colocación. En cuanto a la duración, se incorpora la norma general del Estatuto de los Trabajadores de la presunción del carácter indefinido del contrato, sin perjuicio de que pueda concertarse otro tipo  de contrato de duración determinada atendiendo al principio de causalidad.

El Capítulo III regula la relación laboral siendo especialmente significativo el hecho de recoger expresamente  este régimen especial la aplicación de las normas sobre derechos y deberes del trabajador recogidos en los artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores. Se recogen también las retribuciones, que no podrán ser inferiores al SMI en cómputo anual; el salario en especie, que no podrá superar el 30%  del salario total; el tiempo de trabajo, así como la extinción, que se modifica mediante remisión al Art. 49 del Estatuto de los trabajadores, manteniéndose al mismo tiempo el desistimiento como causa de extinción específicamente aplicable y, aumentándose la indemnización en estos casos a una cantidad de doce días de salario por año de servicio, con el límite de seis mensualidades.

El Capítulo IV establece el control del cumplimiento de la legislación laboral a cargo de la Inspección de Trabajo y atribuye el conocimiento de los conflictos a la jurisdicción social.

En cuanto a las disposiciones que integran la parte final del real decreto, se contempla que será la Tesorería General de la Seguridad Social quien deberá efectuar la comunicación al Servicio Público de Empleo sobre el contenido de los contratos y su terminación.

La disposición transitoria primera establece la aplicación de este real decreto a los contratos en vigor, excepto en lo relativo a la indemnización por desistimiento, así como la obligación de realizar el contrato por escrito, que se suspende hasta que el Ministerio de Trabajo de Trabajo e Inmigración ponga a disposición de los empleadores los modelos de contrato de trabajo.